Después de 15 días de cortes en las principales rutas del país, Bolivia atraviesa un momento crítico tras los bloqueos organizados por sectores afines a Evo Morales, que exigen su habilitación como candidato para las elecciones del 17 de agosto. Las protestas afectaron especialmente a las regiones de Cochabamba y el norte de Potosí, y aunque los organizadores anunciaron una “pausa humanitaria” tras los episodios más violentos, el conflicto político sigue abierto.

El gobierno de Luis Arce informó que las pérdidas económicas superan los 1.000 millones de dólares. Los sectores más perjudicados fueron el transporte, la agroindustria, el turismo y el comercio interno, ya que los bloqueos paralizaron el abastecimiento de combustibles y alimentos. Esto generó escasez en mercados, especulación de precios y largas filas en estaciones de servicio y supermercados.

La situación escaló en violencia con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. En la localidad de Llallagua se produjeron los hechos más graves, con seis personas fallecidas —cuatro policías y dos civiles—, más de 200 heridos y al menos nueve detenidos. Las autoridades desplegaron operativos de desbloqueo y advirtieron que no permitirán nuevas interrupciones del tránsito.

Desde el oficialismo acusan a Evo Morales de intentar desestabilizar al gobierno, mientras el exmandatario responsabiliza al Ejecutivo por las muertes. La fractura interna del Movimiento al Socialismo se profundiza, y el calendario electoral avanza sin que Morales pueda competir. Con el país aún bajo tensión, sectores sociales evalúan continuar con marchas, vigilias y otras formas de protesta.