La Fiscalía de Tarija acusa al exalcalde y actual senador de delitos como contratos lesivos al Estado y uso indebido de influencias en la obra del puente 4 de Julio.  

El exalcalde de Tarija y actual senador Rodrigo Paz fue imputado por la Fiscalía de ese departamento por su presunta responsabilidad en la construcción del denominado «Puente Millonario», el puente 4 de Julio. La Fiscalía lo acusa de los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias durante su gestión. “Habiéndose realizado la investigación preliminar y teniendo en cuenta que existen suficientes indicios sobre la existencia del hecho delictivo y la participación de los imputados en el hecho, los suscritos fiscales de materia formalizan la imputación formal en contra de Rodrigo Paz Pereira”, refiere el documento fiscal.  

Además de Paz, la comisión de fiscales imputó a los exconcejales Alfonso Paul Lema Grosz, Cira Flores Villaroel, Esther García Andrade de Mondocorre, Valmore Eduardo Donoso Zambrana y Alan Echart Sossa por la presunta comisión de incumplimiento de deberes. El proceso fue iniciado por el actual alcalde de Tarija, Jhonny Torres, quien denunció irregularidades en la construcción del puente, adjudicado a Construcciones Viales S.A. (Convisa) por un monto de Bs 73,2 millones.  

El puente 4 de Julio, conocido como «Puente Millonario» por su elevado costo, debía entregarse en un plazo de 900 días calendario, el 25 de diciembre de 2020. Sin embargo, mediante órdenes de cambio y contratos modificatorios, el plazo se extendió en varias ocasiones, sin que la obra fuera concluida. Finalmente, el 12 de agosto de 2022, el alcalde Torres decidió rescindir el contrato con Convisa por incumplimiento de plazos. El exaliado de Paz y actual gobernador de Tarija, Óscar Montes, afirmó que con el costo del puente se hubieran construido otros tres puentes similares.  

Como medidas cautelares, la Fiscalía solicitó la anotación preventiva de los bienes de los siete imputados. “El Ministerio Público requiere la aplicación de medida cautelar de carácter real, consistente en la hipoteca legal sobre los bienes de los imputados, dado los elementos de convicción existentes contra los mismos que los vinculan al hecho delictivo que se investiga”, apunta el documento.