Empresarios agropecuarios, industriales y exportadores advierten riesgos para la inversión y la economía nacional.

Las principales cámaras empresariales rechazaron este miércoles la disposición adicional séptima del Proyecto del Presupuesto General del Estado 2025, que permite la confiscación y decomiso de productos alimenticios bajo ciertas circunstancias. Señalaron que no participarán en su reglamentación y demandaron su eliminación.

Advirtieron que dicha normativa vulnera derechos fundamentales como la libertad de producción y comercialización, generando inseguridad jurídica que disuade inversiones nacionales y extranjeras.

El sector privado solicitó al presidente Luis Arce y a la Asamblea Legislativa frenar la aprobación de esta disposición, resaltando que su implementación afectaría la economía en un momento crítico para el país.